Fuera de las listas.

 

Fuera de foco

Fuera de las listas.

Por: Renán Martínez Casas

 

Mientras el foco está puesto en la lista de periodistas que Luisa María Alcalde exhibió desde Palacio Nacional, hay algo que permanece fuera de foco: quienes no aparecemos en ella. Somos muchos más y estamos más cerca del poder que señala, del poder que amenaza y, en demasiados casos, del poder que mata.

 

Una lista desde Palacio

La consejera jurídica de la Presidencia utilizó la conferencia malllamada “Derecho de Réplica” para presentar públicamente una relación de periodistas, medios y actores políticos que, según la narrativa oficial, forman parte de un supuesto ecosistema de desinformación y amplificación de contenidos críticos contra el gobierno. En medio de su exposición soltó una frase que debería preocupar bastante más de lo que ha preocupado: “los tenemos ubicados”.

La Consejería Jurídica tiene funciones muy distintas. Su responsabilidad institucional consiste en prestar asesoría jurídica al Ejecutivo, revisar proyectos normativos, representar jurídicamente al Presidente en determinados procedimientos y coordinar criterios jurídicos de la Administración Pública Federal. La identificación pública de periodistas críticos no forma parte de esa función. Excepto porque también le está conferido legalmente realizar tareas por encargo de la presidencia. Luego entonces, las listas presentadas son un encargo de la presidenta.

Así, que la señal es: la Presidencia sabe quiénes son, qué publican y dónde están.

 

La señal del poder

Eso produce un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión. Algunos han llamado censura a este procedimiento. El término resulta impreciso si entendemos la censura como la prohibición directa de publicar o difundir determinados contenidos. Pero estamos frente a una de las formas contemporáneas de censura que no necesitan cerrar un periódico, apagar un micrófono o retirar una publicación. Basta con construir públicamente al periodista como adversario y hacerle saber que el poder lo tiene identificado.

La estigmatización desde el poder tiene, además, un destinatario que suele quedar fuera de la discusión. No se dirige únicamente al periodista señalado. También funciona como mensaje para quienes escuchan al gobernante y comparten su interpretación del mundo. Los convierte en blancos de diversas formas de ataque.

Una lista elaborada desde el poder puede convertirse en una señal para los seguidores más fanáticos del régimen. Les dice quiénes son los adversarios, quiénes deben ser considerados enemigos y contra quiénes está permitido descargar la indignación. El gobernante puede limitarse a señalarlos; otros se encargan después de completar la tarea.

La historia política está llena de ejemplos de esta mecánica. Cuando el poder construye enemigos públicos, la hostilidad deja de ser exclusivamente institucional y puede convertirse en conducta social. Primero se identifica al adversario, después se le estigmatiza y finalmente se normaliza el hostigamiento contra él.

 

Samir

En México conocemos las consecuencias más brutales de esa lógica. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario, defensor del territorio y opositor al Proyecto Integral Morelos, en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Samir participaba en Radio Amiltzinko y había mantenido una oposición pública a la construcción de la termoeléctrica de Huexca.

Cuando Andrés Manuel López Obrador todavía era candidato presidencial, visitó Morelos y expresó su respaldo a quienes se oponían al proyecto. Ya como Presidente, cambió de posición y defendió la realización de la termoeléctrica.

El 10 de febrero de 2019, durante un acto público en Cuautla, manifestantes protestaron contra la consulta y contra el proyecto. López Obrador respondió calificándolos de “radicales de izquierda” y añadió que para él eran “conservadores”. Samir estuvo entre quienes protestaban.

El 19 de febrero, Samir participó en una reunión informativa en Jonacatepec encabezada por Hugo Éric Flores Cervantes, entonces delegado federal en Morelos. Samir cuestionó públicamente la información oficial sobre la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos.

Diez días después, durante la madrugada del 20 de febrero, hombres armados llegaron a su domicilio en Amilcingo y le dispararon. Murió horas después. Tres días más tarde se realizó la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos.

El asesinato de Samir permanece sin esclarecerse plenamente. La investigación no ha establecido quién ordenó su muerte. Pero su lugar en la historia del periodismo comunitario crítico durante el actual régimen permanece ahí: fue el primero de los comunicadores asesinados después de haber sido públicamente señalado desde el poder como parte de una oposición que el Presidente desacreditaba.

 

El mensaje no termina en la lista

Por eso resulta particularmente grave que desde Palacio Nacional vuelva a construirse una relación de periodistas identificados como adversarios. Una cosa es responder públicamente a una crítica, refutar un dato o exhibir una falsedad. Otra muy distinta es confeccionar desde el poder una nómina de quienes deben ser reconocidos como enemigos.

El problema, además, no termina con quienes aparecen en ella. De hecho, ahí comienza la parte que me interesa.

Quienes trabajamos en los niveles más bajos de la pirámide informativa y comunicacional estamos fuera de esas listas. Somos periodistas de cercanía, de territorio, de comunidad. Trabajamos donde el poder no es una abstracción que aparece en una conferencia de prensa, sino un presidente municipal, un diputado local, un gobernador, un cacique, un funcionario, una organización política o un grupo que conoce nuestros nombres, nuestras casas y nuestras familias.

Ya lo he descrito: el periodismo local vive una violencia sin alarmas. [“Periodismo local, violencia sin alarmas”]. Somos precisamente quienes estamos más expuestos a las consecuencias concretas de la estigmatización. No tenemos detrás una gran empresa mediática, una redacción de decenas de periodistas, abogados disponibles, reflectores nacionales o una estructura capaz de convertir una amenaza en noticia nacional.

Por eso una lista elaborada en Palacio Nacional también nos alcanza aunque nuestros nombres no estén escritos ahí. Nos alcanza porque establece una forma de relación entre el poder y quienes ejercemos el periodismo. Nos alcanza porque normaliza la idea de que el gobierno puede identificar públicamente a quienes considera adversarios. Nos alcanza porque esa conducta se reproduce hacia abajo, en estados y municipios, en congresos locales, tribunales y oficinas públicas. Nos alcanza porque el mensaje no necesita decir “ataquen”. Basta con señalar.

 

Una resistencia que todavía existe

Afortunadamente, en estos días algunos colegas han comenzado a colocar nuevamente este asunto en el centro de la conversación pública. Luis Cárdenas, Nayeli Roldán y otros colegas periodistas han contribuido a que la discusión no se quede en la anécdota de una lista ni en el orgullo, perfectamente comprensible, de quienes aparecen en ella.

Porque también ha ocurrido algo curioso. Algunos de los periodistas enlistados han respondido que se sienten orgullosos de formar parte de ella. Otros, en tono de broma, incluso han reclamado su derecho a estar incluidos después de tantos años de ejercer un periodismo crítico.

Comparto sus razones. La lista, además de persecutoria, produjo un efecto contrario al que pretendía el gobierno. Permitió ver con claridad que existe una amplia comunidad de periodistas que todavía ejerce el oficio sin pedir permiso, que cuestiona al poder, que investiga, que da en qué pensar a sus audiencias y que mantiene viva la resistencia frente a los excesos del gobierno.

Pero hay una diferencia fundamental entre estar en una lista y estar frente al poder. Los periodistas que aparecen en ella tienen ahora una fotografía colectiva de quienes, desde la Presidencia, son considerados incómodos. Nosotros tenemos algo menos fotogénico: el territorio.

Ahí no hay listas. Hay calles, comunidades, oficinas municipales, asambleas, policías, funcionarios, cacicazgos, intereses económicos y poderes locales. Ahí la distancia entre una palabra pronunciada desde el poder central y sus consecuencias puede ser mucho más corta.

Por eso no me preocupa únicamente quiénes están en la lista de Luisa María Alcalde. Me preocupa quiénes estamos fuera de ella, porque ahí, precisamente ahí, estamos los que tenemos menos posibilidades de convertirnos en noticia cuando alguien decida pasar del señalamiento a la amenaza.

Aquellos se juegan la reputación. Los que nos jugamos el pellejo somos nosotros.

 

 

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