Fuera de foco
Los derechos de las audiencias y los incentivos del control.
Por: Renán Martínez Casas
La discusión sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias ha sido presentada como un enfrentamiento entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes consideran necesaria una regulación más estricta de los medios. Esa lectura resulta insuficiente. El problema no radica únicamente en el contenido de los lineamientos, sino en el contexto político e institucional en el que pretenden aplicarse. Las normas nunca operan en el vacío. Adquieren significado a partir de las instituciones que las interpretan, de los incentivos que generan y de la conducta previa de quienes ejercerán las facultades que esas normas otorgan.
Una norma razonable en un contexto problemático
Conviene comenzar por una distinción que la polarización del debate público ha desdibujado. Los derechos de las audiencias no fueron inventados por el actual gobierno. Forman parte del marco constitucional desde hace más de una década y la mayoría de los nuevos lineamientos simplemente desarrolla disposiciones ya previstas en la legislación.
Incluso especialistas, como el Doctor Raúl Trejo Delarbre, han señalado que el documento no constituye, por sí mismo, un mecanismo de censura. También ha advertido, sin embargo, excesos y vacíos relevantes: la incorporación de obligaciones no previstas expresamente en la ley, la posibilidad de una intervención mayor de la autoridad reguladora en un sistema concebido originalmente como de autorregulación y ambigüedades que deberían corregirse antes de su aprobación definitiva.
Es precisamente de esto de lo que no se ha ocupado el debate. No porque los lineamientos establezcan censura de manera explícita, sino porque esos márgenes de discrecionalidad llegan a un ecosistema político donde existe un patrón documentado de hostigamiento hacia periodistas, medios críticos y organismos autónomos. Ninguna regulación puede analizarse ignorando la experiencia acumulada sobre la forma en que el poder ha utilizado otras herramientas jurídicas en los últimos años.
El patrón ya está documentado
No hace falta recurrir a escenarios imaginarios para encontrar antecedentes. México ya ofrece ejemplos de cómo figuras legales creadas para proteger derechos terminaron utilizadas contra el ejercicio periodístico.
La aplicación de la legislación sobre violencia política contra las mujeres constituye uno de los casos más ilustrativos. El expediente de Radio Teocelo, en Veracruz, mostró cómo una figura protectora podía derivar en multas, disculpas públicas obligatorias, retiro de contenidos e inscripción de periodistas en registros de personas sancionadas. Posteriormente, decenas de personas que cuestionaron esa resolución también fueron notificadas dentro del mismo procedimiento.
Artículo 19 ha documentado un crecimiento sostenido de litigios promovidos por actores políticos contra periodistas y ha descrito un fenómeno que rebasa el contenido de las resoluciones judiciales: el procedimiento mismo se convierte en castigo. El desgaste económico, jurídico y profesional aparece mucho antes de cualquier sentencia.
La propia discusión sobre los lineamientos confirma que la preocupación no es exclusiva de la prensa crítica. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió durante la consulta pública que el mecanismo podría facilitar la presentación de quejas falsas o artificiales si no se establecen controles adecuados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito también expresó preocupación por los riesgos que implicaría una intervención estatal excesiva sobre las líneas editoriales.
Se trata de advertencias formuladas desde sectores distintos que convergen en un mismo punto: las reglas importan, pero también importan los incentivos que crean.
Lo que estos lineamientos pueden poner en movimiento
La consecuencia más visible probablemente no será una censura espectacular. Los mecanismos contemporáneos de control suelen operar de manera mucho más discreta.
El primer cambio consiste en sustituir el debate por el procedimiento. Cuando una crítica puede responderse activando expedientes administrativos en lugar de argumentos públicos, la conversación democrática comienza a desplazarse hacia terrenos burocráticos. El tiempo destinado a investigar termina consumido en responder requerimientos, integrar expedientes y atender procedimientos.
Al mismo tiempo aparece un segundo incentivo. La existencia de mecanismos formales de queja facilita que grupos organizados conviertan la denuncia en una herramienta de militancia política. No es necesario demostrar que exista una estrategia coordinada; basta observar cómo funcionan hoy las campañas digitales para comprender que cualquier procedimiento institucional susceptible de activarse masivamente terminará siendo utilizado con fines políticos.
Los efectos tampoco se distribuyen de manera uniforme. Los grandes consorcios cuentan con áreas jurídicas capaces de absorber procedimientos prolongados. Las radios comunitarias, indígenas o locales, así como los pequeños medios independientes, operan con recursos mucho más limitados. Para ellos, una sucesión constante de quejas puede representar una carga desproporcionada, aun cuando ninguna prospere.
El riesgo, por tanto, no consiste solamente en la eventual aplicación de sanciones. El riesgo es la creación de un ecosistema donde ejercer el periodismo crítico resulte progresivamente más costoso que guardar silencio.
El desplazamiento de las prioridades
Hay otro signo que ha pasado casi inadvertido.
Mientras el debate nacional concentra enormes esfuerzos en discutir nuevas facultades regulatorias, prácticamente no existe una política pública orientada a fortalecer las capacidades críticas de las audiencias. La alfabetización mediática e informacional, impulsada desde hace años por la UNESCO como estrategia para enfrentar la desinformación y fortalecer la ciudadanía democrática, continúa ausente de la agenda educativa mexicana.
Ese contraste revela una prioridad política. El esfuerzo institucional se dirige principalmente hacia los emisores de información y mucho menos hacia la formación de ciudadanos capaces de evaluar críticamente lo que consumen, verificar fuentes, distinguir hechos de opiniones o identificar estrategias de manipulación.
No es que la regulación se innecesaria. Pero tenemos que reconocer que una democracia fortalece mucho más a sus ciudadanos cuando invierte en su autonomía intelectual que cuando concentra su energía en ampliar mecanismos de supervisión.
Más allá de los lineamientos
Los nuevos lineamientos probablemente sufrirán modificaciones antes de su aprobación definitiva. Algunas de las observaciones formuladas durante la consulta pública podrían incorporarse al texto final. Eso sería positivo. Pero el fondo del problema permanecerá intacto.
Los mecanismos de presión sobre el periodismo ya no dependen exclusivamente de prohibiciones abiertas o actos espectaculares de censura. También pueden construirse mediante procedimientos administrativos, incentivos institucionales, desgaste jurídico y movilización política alrededor de figuras legales concebidas originalmente para proteger derechos.
Ese patrón ya apareció en otros ámbitos y existen razones suficientes para vigilar que no vuelva a repetirse.
Lo sabemos: las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las libertades. También se erosionan cuando el ejercicio de esas libertades comienza a implicar costos cada vez mayores para quienes deciden ejercerlas. Ese es el riesgo que hoy plantean los lineamientos sobre derechos de las audiencias. No por lo que expresamente dicen, sino por los incentivos políticos e institucionales que pueden dejar instalados mucho después de que termine esta discusión.
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